"Estamos frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y un procedimiento que lesiona el debido proceso de los jueces constitucionales aquí presentes”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda, junto a los otros tres jueces sobre quienes pesa la acusación constitucional.
Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), investigados por el Congreso por un fallo que subsana una sentencia de junio de 2013 sobre las muertes durante el levantamiento en el penal El Frontón de 1986, fueron el martes al Palacio Legislativo para comparecer ante la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, pero lo hicieron con dos documentos bajo la maga que son claves para su defensa.
En uno de los oficios se muestra un proyecto de resolución del TC del 18 de setiembre de 2013, en el que se detalla que solo tres jueces señalaron que en la matanza de El Frontón no se cometieron delitos de lesa humanidad. Del voto del magistrado de entonces Juan Vergara Gotelli se indica que sobre la prescripción del caso se pronunciaba en sus fundamentos, pese a que declaró fundada en parte la demanda.
Esto evidencia que en el proyecto de sentencia —que lleva la firma de Vergara Gotelli y se encuentra en el expediente sobre El Frontón que obra en los archivos del TC— había diferencias en las posiciones de los jueces y, por tanto, en su votación.
Las consecuencias vinieron luego de tres semanas, cuando el magistrado Ernesto Álvarez envió una comunicación a su colega Carlos Mesía. En esta Álvarez advierte que el proyecto "recoge de forma errada la sentencia", porque no había cuatro votos a favor de la prescripción, y le solicita una reunión de coordinación para evitar "un nuevo problema que dañe innecesariamente la imagen institucional" del TC.
Ya en junio de este año, en un evento realizado por la Universidad San Martín de Porres, Álvarez admitió que sí sabía que el voto de Vergara Gotelli se prestaba a una interpretación ambigua, tratando de cuestionar la sentencia aclaratoria que en marzo último dio el TC con los votos de los jueces ahora investigados por el congreso, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, informó La República.
"Se lo hicimos ver al mismo Vergara, se lo hicimos ver a sus asesores, y Vergara ante la insistencia de resolver el tema y dejar zanjado, entrega el proyecto a su amigo Juan Monroy", comentó Álvarez en un momento de su exposición al sostener que así se lo hizo saber al mismo magistrado en mención, sin lograr resultados.
Asimismo, dijo que el nuevo documento presentado por el TC tampoco iba en la línea que ellos querían. "Asesores y magistrados lo leímos y dijimos esto no sirve, esto es peor que lo que hemos entregado; lo que queremos es que encajen en la sentencia todas la líneas para que no se preste en el futuro a una mala interpretación".
"Vergara no presenta un voto singular, presenta un fundamento de voto que es: 'yo voy con la sentencia pero quiero decir algo para mi uso particular, para mi libro'", comentó el mismo magistrado, quien además agregó que en varias oportunidades intentó junto a los asesores de Vergara convencerlo sin éxito y que cuando este magistrado se retiró del TC "no había forma de hacerle firmar nada".
Denuncia improcedente
"Estamos frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y un procedimiento que lesiona el debido proceso de jueces constitucionales aquí presentes", dijo este martes el presidente del TC, Manuel Miranda, en el Congreso, en la sesión en la que se presentó junto a los otros tres magistrados sobre quienes pesa la acusación constitucional.
Además, recalcó que resolvieron de oficio un cuestionamiento que dejó pendiente el pleno anterior del TC, sobre si los cuatros votos del caso El Frontón tenían el mismo sentido. Por ello, tras el análisis concluyeron que uno era distinto y que, por tanto, no había el número suficiente de votos para emitir una decisión válida en términos de jurisdicción constitucional.
"Lo único que hemos hecho es actuar conforme a la Constitución y la ley", destacó. "Una sentencia requiere un mínimo de cuatro votos conformes; si esto no fuera así, es deber del Tribunal Constitucional el subsanarlo, como se ha hecho", finalizó Miranda.
DATOS
► La denuncia constitucional de los exmiembros de la Marina de Guerra y los descargos de los magistrados del Tribunal Constitucional enviados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales serán enviados al legislador César Segura, quien tiene cinco días hábiles para evaluarlos y dar una recomendación.
► Este documento será remitido a la presidencia de la subcomisión, y si hay mérito, se notificará a los denunciados y se citará a ambas partes para que expongan sus posiciones en una audiencia pública.
► Luego de ello, se presentará un informe que podrá concluir en el archivo de la denuncia o la acusación de los investigados, en cuyo caso deberá ser remitida a la Comisión Permanente, la cual deberá decidir si pasa o no al Pleno del Parlamento.
(Foto de cabecera: Andina)
