Entre el miércoles y jueves se resolverá el pedido del expresidente y su esposa para lograr su excarcelación. El juez a cargo, Octavio Sahuanay, declaró inadmisibles nuevas pruebas contra la pareja.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional dejó al voto este lunes la apelación del expresidente Ollanta Humana y su esposa, Nadine Heredia, para que se revoque la prisión preventiva de 18 meses que pesa sobre ellos en el marco de la investigación que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos en las campañas del nacionalismo del 2006 y 2011.
Así, el pedido de la pareja, que su defensa sustentó este lunes en una audiencia pública, se resolverá entre el miércoles y jueves, según fuentes judiciales. Pero lo más saltante fue que el tribunal en mención declaró inadmisibles nuevas pruebas que presentó la Fiscalía este jueves en torno a este caso.
Humala y Heredia participaron en la diligencia judicial vía teleconferencia, desde sus penales de reclusión. Ambos pidieron piden afrontar en comparecencia la investigación por aportes al Partido Nacionalista. El exmandatario resaltó que siempre ha cumplido con las medidas restrictivas que le impuso la justicia e insistió en que su proceso es político.
"No he tenido ninguna actitud tendiente a obstaculizar las investigaciones, ni compra de testigos, jamás se me ha vinculado a eso, mi abogado ha hecho las precisiones", dijo Humala desde su celda en la Diroes.
A su turno, Heredia anunció que sus hijas están regresando esté martes de EEUU y pidió al juez a cargo de a sala, Octavio Sahuanay, "reglas claras para esta investigación". "Me refiero especialmente a la verificación de las declaraciones de los testigos o colaboradores", dijo la ex primera dama desde el penal de Chorrillos.
Así, cuestionó que el fiscal Germán Juárez, a cargo del caso, haya acogido testimonio de personas "hostiles" para sustentar el pedido de prisión preventiva. Mencionó por ejemplo, el caso de lo aportes que el Partido Nacionalista habría recibido del gobierno de Venezuela para la campaña del 2006.
"La declaración de los testigos sobre los supuestos aportes provenientes de Venezuela, por ejemplo, deben ser desechados porque es un hecho público su animadversión contra nosotros y contra el Partido Nacionalista. Son testigos hostiles. Ni la fiscalía ni los jueces debería tomarlos en cuenta o darles valor antes de corroborar sus dichos", sostuvo.
En representación del Ministerio Público, el fiscal Rafael Vela hizo un recuento de las resoluciones de la sala, en las que, dijo, ha primado el principio de igualdad y lesividad, que es el que pidió que se aplique en el caso de Humala. Es decir, sostuvo que ex presidente tiene que ser juzgado como persona común (los delitos que se le imputan son de antes de que asumiera la Presidencia).
Previamente, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, había dicho que la fiscalía trata a sus patrocinados como "ciudadanos de tercera categoría", a lo que Vela respondió que se requiere el aseguramiento de los procesados, para no repetir el caso del expresidente Alejandro Toledo, hoy prófugo en EEUU.
Vela solicitó en la sesión que se incluyan tres nuevos “elementos” contra la pareja y solicitó al juez Sahuanay que estos sean tomados en cuenta por los magistrados para tomar su decisión, en pero el pedido fue rechazado.
Entre los documentos que llevó el fiscal está el testimonio de un exfuncionario del INPE, el comandante en retiro Carlos Sanz Quiroz, quien ratificó presiones contra un colaborador eficaz del caso. Sanz confirmó que, entre abril y julio de 2016, el testigo clave 01-2015 recibió presiones del exdirector del penal Ancón I, Genaro Escamilo Gómez, para que desistiera en declarar contra Humala y su esposa.
Sin embargo, el juez enfatizó que su tribunal emitirá su veredicto tomando en cuenta solo los elementos ya analizados por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la prisión preventiva en primera instancia.
