viernes, 24 de noviembre de 2017

Funcionarios del BBVA Banco Continental procesados por Violación del Secreto de las Comunicaciones

Poder Judicial abre proceso penal contra trabajadores de la entidad financiera BBVA por apoderarse de un documento que usó la empresa para imputar faltas laborales.

El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, en la audiencia del lunes 20 de noviembre del 2017, a solicitud del Ministerio Público y de acuerdo a lo ordenado por la Corte Superior de Lima, abrió proceso penal en la vía sumaria contra las personas de Eyleen Suelly Baldoceda Orellana, María Guisella Arévalo Arias y Juan Leonidas Morán Vivanco, todos funcionarios del BBVA Banco Continental (Perú) por los delitos de Violación del Secreto de las Comunicaciones en las modalidades de Apoderamiento de la correspondencia más supresión y extravío de la correspondencia, en agravio del abogado Edgar Arturo Peralta Vicuña, hechos ocurridos entre los días 03 al 07 de julio del año 2015.
El BBVA Banco Continental utilizó un documento presuntamente obtenido en forma ilegal por los procesados, a fin de utilizarlo como prueba para un procedimiento sancionador que culminó con el despido del agraviado de su centro laboral. Dicha entidad en su momento nunca informó los medios de como obtuvo el documento.

Este proceso se apertura tras un año de investigación preliminar a cargo del Ministerio Público y otro año de definir si se continuaban o no las investigaciones en sede judicial.
«De la denuncia se advierte que se cuenta con indicios de que las denunciadas Eyleen Baldoceda Orellana y María Guisella Arévalo Arias, se habrían apoderado del sobre manila que debió ser entregado al denunciante, para luego apoderarse del mismo y entregárselo a su co-denunciado Juan Leonidas Morán Vivanco; sobre manila que conforme lo han admitido no llegaron a entregarlo a quien debían, es decir, al margen de la rotulación, sabían que el destinatario era el denunciante Peralta Vicuña, y si el denunciado Morán Vivanco afirmó que tomó conocimiento accidental del sobre y de su contenido y que según su versión, lo entregó el mismo día, no al destinatario, sino "al señor Saavedra", "pero previamente mandé escanear y sacar una fotocopia"; en adición a ello, las denunciadas dieron al sobre manila un curso diferente al que tenía originalmente...».

El derecho al Secreto e Inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 11:
[...] 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o estos ataques"

La Constitución Política del Perú, establece en su articulo 2:
Derechos de la Persona:
"Toda persona tiene derecho:
10.  Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados o interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley..."

Se puede visualizar el acta y las resoluciones en el siguiente enlace:

Organizaciones internacionales rechazan arremetidas de Fuerza Popular contra Fiscalía y TC

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL ), entre otras advierten que postura fujimorista constituye un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú.

 
Los intentos de amedrentamiento y descalificación -mediante denuncias constitucionales- dirigidos por la bancada de Fuerza Popular hacia el Fiscal Pablo Sánchez y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no pasan desapercibidos en el exterior, mucho menos entre las organizaciones internacionales de sociedad civil, que acaban de condenar estas actitudes.
En su opinión, lo que busca Fuerza Popular es inhabilitar y destituirlos en represalia por sus decisiones y acciones adoptadas -de manera autónoma e independiente- en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos. 
«Los juicios políticos impulsados por el partido político “Fuerza Popular”, en la actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra de la indebida utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia», señalan en un comunicado.
"A los magistrados del Tribunal Constitucional, se les pretende destituir por haber adoptado una decisión judicial que favorece el cumplimiento –por parte del Estado peruano- de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú, que, entre otras obligaciones internacionales, dispone que el Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 en el entonces Centro Penitenciario “El Frontón”».
«El juicio político contra el Fiscal de la Nación coincide con el inicio de las investigaciones sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del ex Presidente Alberto Fujimori, hoy condenado y detenido por graves violaciones de derechos humanos y corrupción».
Las organizaciones advierten que la celeridad parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos, pudiendo dar paso a un escenario en que el poder político es utilizado para garantizar impunidad en temas de corrupción y graves violaciones a derechos humanos.
Las instituciones que se han manifestado son: la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Robert F. Kennedy Human Rights, Abogados sin Fronteras Canadá, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello - Venezuela y el Comité de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos - México.
Cabe recordar que en el 2001, el Estado peruano ya fue condenado internacionalmente por actuaciones similares, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional vs. Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se originó en la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República, en ese entonces también dominado por una mayoría parlamentaria fujimorista.
 
 
 
 

Si eres víctima de violencia familiar o abuso sexual, llama a la Línea 100

Gobierno lanza campaña “100pre hay una solución”.

 
Ante los constantes abusos contra la mujer peruana el gobierno -mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)- acaba de lanzar la campaña 100pre hay una solución. Es la Línea 100, un servicio gratuito de cobertura nacional al que puede recurrir cualquier víctima de maltrato, sea desde un teléfono fijo, público o móvil.
Todas aquellas personas afectadas por hechos de violencia familiar, abuso sexual o aquellas que conozcan sobre algún caso de maltrato pueden llamar a esta línea y reportarlo. Al otro lado de la línea -durante las 24 horas del día- contestará un equipo de profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información en estos temas. 

Otros programas

Además de esta importante iniciativa, el MIMP anuncia que en los próximos días firmará un convenio con el Ministerio de Educación para que se brinde orientación sexual a los escolares, poniendo énfasis en “Mi cuerpo nadie lo toca”. El objetivo es que quienes se sientan violentados física o sexualmente, denuncien los hechos a través un familiar cercano. 
Por otro lado, cabe indicar que el proyecto -aún piloto- Hombres de miércoles se está llevando a cabo en las zonas afectadas por El Niño costero en el norte, con el propósito de explicar a los varones que se debe evitar los maltratos a los niños y que no se debe forzar a la pareja a sostener intimidad.


 

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Exmagistrado Álvarez admitió que hubo diferencia de votos en caso El Frontón de parte del TC

"Estamos frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y un procedimiento que lesiona el debido proceso de los jueces constitucionales aquí presentes”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda, junto a los otros tres jueces sobre quienes pesa la acusación constitucional. 

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional  (TC), investigados por el Congreso por un fallo que subsana una sentencia de junio de 2013 sobre las muertes durante el levantamiento en el penal El Frontón de 1986, fueron el martes al Palacio Legislativo para comparecer ante la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, pero lo hicieron con dos documentos bajo la maga que son claves para su defensa.
En uno de los oficios se muestra un proyecto de resolución del TC del 18 de setiembre de 2013, en el que se detalla que solo tres jueces señalaron que en la matanza de El Frontón no se cometieron delitos de lesa humanidad. Del voto del magistrado de entonces Juan Vergara Gotelli se indica que sobre la prescripción del caso se pronunciaba en sus fundamentos,  pese a que declaró fundada en parte la demanda.
Esto evidencia que en el proyecto de sentencia —que lleva la firma de Vergara Gotelli y se encuentra en el expediente sobre El Frontón que obra en los archivos del TC— había diferencias en las posiciones de los jueces y, por tanto, en su votación.
Las consecuencias vinieron luego de tres semanas, cuando el magistrado Ernesto Álvarez envió una comunicación a su colega Carlos Mesía. En esta Álvarez advierte que el proyecto "recoge de forma errada la sentencia", porque no había cuatro votos a favor de la prescripción, y le solicita una reunión de coordinación para evitar "un nuevo problema que dañe innecesariamente la imagen institucional" del TC.
Ya en junio de este año, en un evento realizado por la Universidad San Martín de Porres, Álvarez admitió que sí sabía que el voto de Vergara Gotelli se prestaba a una interpretación ambigua, tratando de cuestionar la sentencia aclaratoria que en marzo último dio el TC con los votos de los jueces ahora investigados por el congreso, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, informó La República.
"Se lo hicimos ver al mismo Vergara, se lo hicimos ver a sus asesores, y Vergara ante la insistencia de resolver el tema y dejar zanjado, entrega el proyecto a su amigo Juan Monroy", comentó Álvarez en un momento de su exposición al sostener que así se lo hizo saber al mismo magistrado en mención, sin lograr resultados.
Asimismo, dijo que el nuevo documento presentado por el TC tampoco iba en la línea que ellos querían. "Asesores y magistrados lo leímos y dijimos esto no sirve, esto es peor que lo que hemos entregado; lo que queremos es que encajen en la sentencia todas la líneas para que no se preste en el futuro a una mala interpretación".
"Vergara no presenta un voto singular, presenta un fundamento de voto que es: 'yo voy con la sentencia pero quiero decir algo para mi uso particular, para mi libro'", comentó el mismo magistrado, quien además agregó que en varias oportunidades intentó junto a los asesores de Vergara convencerlo sin éxito y que cuando este magistrado se retiró del TC "no había forma de hacerle firmar nada".

Denuncia improcedente

"Estamos frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y un procedimiento que lesiona el debido proceso de jueces constitucionales aquí presentes", dijo este martes el presidente del TC, Manuel Miranda, en el Congreso, en la sesión en la que se presentó junto a los otros tres magistrados sobre quienes pesa la acusación constitucional.
Además, recalcó que resolvieron de oficio un cuestionamiento que dejó pendiente el pleno anterior del TC, sobre si los cuatros votos del caso El Frontón tenían el mismo sentido. Por ello, tras el análisis concluyeron que uno era distinto y que, por tanto, no había el número suficiente de votos para emitir una decisión válida en términos de jurisdicción constitucional.
"Lo único que hemos hecho es actuar conforme a la Constitución y la ley", destacó. "Una sentencia requiere un mínimo de cuatro votos conformes; si esto no fuera así, es deber del Tribunal Constitucional el subsanarlo, como se ha hecho", finalizó Miranda.

DATOS

 ► La denuncia constitucional de los exmiembros de la Marina de Guerra y los descargos de los magistrados del Tribunal Constitucional enviados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales serán enviados al legislador César Segura, quien tiene cinco días hábiles para evaluarlos y dar una recomendación.
► Este documento será remitido a la presidencia de la subcomisión, y si hay mérito, se notificará a los denunciados y se citará a ambas partes para que expongan sus posiciones en una audiencia pública.
► Luego de ello, se presentará un informe que podrá concluir en el archivo de la denuncia o la acusación de los investigados, en cuyo caso deberá ser remitida a la Comisión Permanente, la cual deberá decidir si pasa o no al Pleno del Parlamento.
(Foto de cabecera: Andina)