martes, 15 de octubre de 2019

Ministerio Público allana vivienda de Luis Castañeda Losio por el caso Lava Jato



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Declararon fundado el pedido de la Fiscalía para el allanamiento y registro de la vivienda de Luis Castañeda Lossio, en Surco. La diligencia está a cargo de la fiscal Milagros Salazar, miembro del equipo especial Lava Jato.

Esta medida se da luego de que la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María Álvarez, aceptó la solicitud del Ministerio Público para el allanamiento y registro del inmueble del exalcalde.

El juez Jorge Luis Chávez ordenó el allanamiento a las viviendas del exalcalde de Lima Luis Castañeda, de su exasesora Giselle Zegarra; del excongresista y dueño de Telesup, José Luna; así como dos locales de la universidad.
El pasado 5 de julio, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Castañeda Lossio, luego que la Fiscalía pidiera esta restricción en el marco de la investigación en su contra por el caso OAS.

En paralelo, la Fiscalía también allana la sede de la oficina de rectorado de la Universidad Telesup, de propiedad del excongresista por Solidaridad Nacional José Luna Gálvez, ubicada en la cuadra 35 de la avenida Arequipa. Se conoció que en el transcurso del día acudirán a otras 20 sedes. 

 

miércoles, 10 de abril de 2019

Esta es la resolución que ordenó la prisión preliminar de PPK

Lea y/o descargue íntegramente la resolución que ordena el arresto preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué razones expuso el juez Chávez Tamariz para dictar esta medida que fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez? Acá te lo contamos.

 

 

"En cuanto al presupuesto relacionado al peligro procesal -posibilidad de fuga-, tenemos que los elementos de convicción dan cuenta que existe una fuerte posibilidad de fuga y obstaculización de la acción de la justicia por parte del investigado, pues además de tener solvencia económica, se tiene que la pena que se espera, de ser encontrado responsable penalmente al final del proceso, es largamente superior a los cuatro años de privativa de libertad; por lo que existe un alto grado de probabilidad de que el investigado ante ese panorama busque rehuir a la justicia."



Esta es una de las razones que expuso el juez José Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en su resolución por la cual aprobó el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez para que se proceda a la detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Todo ello, en el marco del proceso que se le sigue al exmandatario por el presunto delito de lavado de activos.  



En la resolución, el magistrado Chávez Tamariz señala, además, "que respecto al arraigo domiciliario, del requerimiento se desprende que este sería irregular, ya que el investigado en sus declaraciones preliminares ha referido encontrarse ligado a sus otros inmuebles, y en lo que respecta al arraigo laboral, tenemos que este no ha sido determinado, toda vez que solo se cuenta con la información de sus aportes a ESSALUD, asimismo, el hecho de su renuncia el veintiuno de marzo de 2018 al cargo de Presidente del Perú por lo que hasta la fecha no se ha conocidio que haya tenido una relación laboral". 



Respecto, al peligro de obstaculización, el juez afirmó que este se acreditaría "toda vez que trataría de ocultar elementos de prueba, así como de influenciar en la contadora Denise Hernández, quien en su momento fue personal subalterno en la empresa Westfield Capital Ltd, más aún que a la fecha falta recabar diversa documentación contable de esta empresa para determinar el monto exacto transferido por las concesionarias IIRSA SUR y Trasvase Olmos, por las asesorías financieras realizadas, entre otras influencias que podría ejercer de no adoptarse la presente medida".  


La orden de detención también recae contra su exsecretaria Gloria Jesús Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñufflo, personal de confianza de PPK, quien ha trabajado como su chofer por varios años. 


Igualmente, el juez autorizó el allanamiento de cuatro inmuebles de propiedad o vinculados a los investigados, el cual comprenderá el registro domiciliario, con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas. Estos inmuebles son: a) Calle Vanderghen N° 120, interior N° 102, del distrito de Miraflores (oficina de Kuczynski y Kisic); b) Calle Gral. Miguel Iglesias N° 411, del distrito de Miraflores (domicilio real de Kisic Wagner); c) Jr. Julio Max Lean N° 115, Urb. Marcavilca, del distrito de Chorrillos; y, d) Av. Las Camelias N° 790, oficina N° 607, del distrito de San Isidro (domicilio fiscal de Alonso, Honagen y Asociados SRL).



Por otro lado, se señala en la resolución que la Fiscalía presentó como hechos precedentes del requerimiento de detención preliminar, "los actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros, como consecuencia de su intervención en presuntos actos de corrupción relacionados a los proyectos denominados: a) Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil [...], y b) Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación; los mismos que fueron adjudicados por Pro-inversión bajo el marco legal del Proceso de Promoción de la Inversión Privada (concesión) a la empresa Odebrecth (a traves de sus concesionarias)". 

Usted puede descargar la Resolución en este enlace:



 

 

lunes, 8 de abril de 2019

Corte Suprema determina que Machupicchu es propiedad del Estado

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundada la demanda presentada por la familia Zavaleta Zavaleta para la reivindicación de tierras del Parque Arqueológico Nacional Machupicchu, ubicado en la provincia de Urubamba (Cusco).




La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundada la demanda presentada por la familia Zavaleta Zavaleta para la reivindicación de tierras del Parque Arqueológico Nacional Machupicchu, ubicado en la provincia de Urubamba (Cusco).

Mediante esta demanda, la familia Zavaleta Zavaleta reclamaba la propiedad de más de 22 mil hectáreas de terreno, donde se encuentra la Llaqta Inca y la Red de Caminos Inca de Machupicchu.

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la representante de la familia Zavaleta por el cobro de ingresos dejados de percibir, por el monto de 150 millones de soles.

“La demanda fue planteada en el año 2005; finalmente, después de 14 años de ardua batalla legal, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco ha logrado demostrar que las más de 22 mil hectáreas de tierras de Machupicchu son de propiedad del Estado peruano y no de una familia”, refirió el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Guillermo Cortés Carcelén.

El funcionario recordó que la familia Zavaleta Zavaleta reclamaba la propiedad de los fundos Qquente y Santa Rita de Qquente, que comprendía el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.

“Sin embargo, durante este largo proceso judicial, hemos demostrado en forma fehaciente, que dichas tierras fueron expropiadas por la Dirección General de Reforma Agraria en los años 1960 y 1970 a favor del Estado”, acotó.

Con esta sentencia casatoria de la Corte Suprema, que fue publicada en la página web del Poder Judicial y notificada a las partes, quedó zanjada definitivamente esta controversia que generó preocupación en la región Cusco.

OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 8 de abril de 2019








viernes, 5 de abril de 2019

DERECHOS FUNDAMENTALES


La Constitución Política del Perú recoge una concepción abierta con respecto a los derechos fundamentales en la medida que “si bien el Capítulo I se denomina de los Derechos fundamentales de la Persona, también se alude a los derechos humanos, derechos constitucionales, (sic) y a los derechos y libertades” (Landa 2010: 11). No obstante, de acuerdo con el principio-derecho señalado en el primer artículo de nuestra Norma Fundamental, en todo caso, “la dignidad humana [es la que] constituye el fundamento y límite del goce y ejercicio de los derechos fundamentales” y es por ello que esta dignidad es también la que “les otorga la fuerza vinculante y la máxima protección jurídica frente al Estado y a los particulares” (Landa 2010: 12).
En ese sentido, los derechos fundamentales son derechos subjetivos que poseen un doble carácter: un haz subjetivo y otro objetivo. “Por el primero, se reconoce a la persona una esfera de pretensiones y satisfacción de necesidades legítimas jurídicamente reconocibles; por el segundo, y en tanto valores objetivos del ordenamiento jurídico, el click here Estado asume la obligación de brindar protección legal, judicial y administrativa de los mismos” (Landa 2010: 12). Esto quiere decir que, por un lado, los derechos fundamentales son reconocidos como parte de la esfera individual de cada persona y, por otro lado, como valores que deben ser protegidos y garantizados por el Estado. Finalmente, una característica que diferencia a los derechos fundamentales de los derechos humanos es que los primeros son reconocidos por un Estado y exigibles en su jurisdicción, mientras que los derechos humanos poseen universalidad.

Referencias:
LANDA, César
2010      “Introducción”. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: recopilación y sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano que versa acerca de derechos fundamentales. Lima: Palestra, pp. 11-30.

jueves, 4 de abril de 2019

Juzgado Constitucional reconoce matrimonio de Susel Paredes y su esposa

El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte de Lima declaró fundado la demanda de amparo que Susel Paredes y su pareja promovieron para que su matrimonio civil sea reconocido. Lea y/o descargue el fallo aquí.

 

 

En primera instancia, el Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo fue promovida por la gerente de fiscalización de la Municipalidad de la Victoria, Susel Paredes y su esposa, con la finalidad de que su matrimonio civil contraído en Miami en agosto del 2016 sea reconocido por Reniec.

Así lo dispuso el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, titular del Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte de Lima en su fallo expedido el 22 de marzo del 2019, recaído en el Exp. N° 10776-2017.

Enj su sentencia, el magistrado Ramírez dispone que "a la demandada se le vuelva a emitir la resolución que califica el título que contiene la Partida de Matrimonio, con los fundamentos expuestos en la presente sentencia, inaplicando el artículo 234 del Código Civil en cuanto a las demandantes e inscribiendo la Partida de Matrimonio sin restricciones".

Ud. puede descargar este fallo aquí:


 Foto: Lucidez.

 

 

 

Confirman hábeas corpus a favor de suboficial Elvis Miranda


La Corte Superior de Justicia de Junín en Huancayo confirmó el hábeas corpus a favor del suboficial Elvis Miranda. El suboficial llevará el proceso en libertad. Cabe recordar que el delito que se le imputa es el de abuso de autoridad y homicidio simple en agravio del presunto delincuente Juan Carlos Ramírez Chocán, a quien abatió en una intervención policial.




En la audiencia de apelación participó el general Máximo Ramírez, Director de Defensa Legal de la PNP y representantes del Ministerio del Interior que apoyan la defensa del suboficial.


Al tratarse de una demanda constitucional, se requirieron tres votos para confirmar el hábeas corpus. “No hay decisión por mayoría (dos votos contra uno), sino que en ese caso se recurre a un cuarto y hasta quinto juez superior para que dirima”, dijo Cecilia Pizarro, abogada del suboficial, poco antes de la audiencia.

En representación del Ministerio Público de Piura concurrió la fiscal Lilia Castillo Chirinos, la misma que sustentó el pedido de prisión preventiva contra Miranda. Quienes no pudieron asistir a la audiencia fueron los padres del suboficial, Lucy Rojas y Ronald Miranda.


Tal como se recuerda, en la resolución que declaró fundado el hábeas corpues a favor de Elvis Miranda, el magistrado Bello Merlo llegó a la conclusión que “nos encontramos ante una demanda fundada, toda vez que los demandados, juez de instancia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, y jueces superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, han expedido las respectivas resoluciones judiciales, en contravención de las garantías, principios y derechos constitucionales al debido proceso: motivación de resoluciones judiciales, que inciden directamente en la libertad individual (personal) del favorecido Elvis Joel Miranda Rojas”. Tal cual.

En su resolución el juez también afirmó que en el mantado de prisión preventiva no existía “una debida motivación” para imponer este tipo de medidas”.



EJECUTIVO PUBLICÓ PRIMERA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO



¡Histórico! El Ejecutivo publicó hoy la primera Política de Igualdad de Género del Perú,


 La imagen puede contener: texto

Esta política establece el marco general con objetivos y soluciones, y compromete a todas las entidades públicas a dar medidas para #DeUnaVezPorTodas reducir desigualdad entre hombres y mujeres.

💪Impulsará lucha contra la violencia hacia niñas y mujeres, el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos; y la reducción de barreras que obstaculizan su participación igualitaria en sectores públicos y privados.

🧐Sin embargo, esta importantísima nueva política pública ha nacido sin asignación presupuestal, por lo que es urgente #DeUnaVezPorTodas que sectores y demás instituciones avancen en diseño de planes necesarios para exigir recursos para su implementación.

Para ver los detalles de la Política de Igualdad de Género, puede ingresar a este enlace.  

Imagen: Defensoría del Pueblo.


viernes, 13 de julio de 2018

Poder Judicial declara fundado el impedimento de salida del país contra juez Hinostroza

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, realizó esta solicitud luego de recibir información de que este se disponía a viajar a España en las próximas horas.




El juez supremo Luis Cevallos Vegas declaró fundado el pedido de la fiscalía de la Nación y ordenó el impedimento de salida del país del aún juez supremo César Hinostroza Pariachi. La resolución, cerca de la una de la mañana de este viernes, ya está en Migraciones y la Policía Nacional.
El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, realizó el pedido en el marco de la investigación que se le sigue al juez supremo por  tráfico de influencias y luego de recibir información de que este se disponía a viajar a España en las próximas horas, informó La República.
Sobre ello, el juez supremo aseguró que no se ausentará del país, después de que se conociera que el fiscal de la Nación solicitó al Poder Judicial que le dicte impedimento de salida del territorio nacional. “Por lo menos este mes no [viajaré]. Yo no tengo ningún interés en salir del país”, indicó a El Comercio Hinostroza Pariachi, involucrado en presuntas irregularidades reveladas por una serie de audios difundidos en los últimos días por "Panorama" y IDL-Reporteros. 
Esta semana, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación al magistrado por el caso grabaciones que protagoniza con integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y otros interlocutores con los que negociaría favorecimientos a procesados. “No me han notificado de ninguna investigación. No sé los cargos, no sé de qué se trata”, indicó Hinostroza, quien agregó que, a su juicio, este pedido es “un atropello” y que “van a tener que atenerse las consecuencias”. 
El juez supremo, que está de vacaciones por 30 días, fue retirado este jueves de la Segunda Sala Penal Transitoria y designado como miembro de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó que ni él ni la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tienen atribuciones para suspender o excluir a Hinostroza, pues estas facultades únicamente las tiene el Congreso.



sábado, 7 de julio de 2018

Corte Suprema ratifica: bancos no pueden cobrar deudas afectando cuentas sueldo





Esta es la sentencia de la Corte Suprema que prohíbe a los bancos compensar las deudas de sus clientes, generadas por tarjetas de crédito. Ya no se afectarán las remuneraciones depositadas en las cuenta sueldo (Casación N° 11823-2015)

Las remuneraciones depositadas en una cuenta de ahorros sueldo son inembargables, conforme a lo dispuesto por el inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil, hasta el monto de 5 URP. Por lo tanto, se encuentra prohibida su compensación a tenor de lo previsto en el artículo 1290 del Código Civil.

Al constituir la cuenta de ahorros una de remuneraciones, los depósitos efectuados en la misma por dicho concepto, constituyen bienes inembargables e intangibles, por lo que, el derecho que asiste al banco de compensar la deuda contraída e impaga de sus clientes, en mérito a contratos suscritos con ellos, solo alcanza al exceso de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) y hasta por una tercera parte del mismo.

Esto es así porque lo esperado por el titular de la cuenta de remuneraciones es que el banco actúe conforme al parámetro legal que le asiste, y proceda a compensar su deuda, de acuerdo a lo pactado, con la limitación legal vigente al respecto. Lo contrario constituye infracción al deber de idoneidad.

Así lo ha establecido la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema al resolver la Casación N° 11823-2015-Lima, sentencia emitida el 4 de mayo de 2017 y que fue devuelta a su corte de origen recientemente, el 27 de abril de este año.

La Corte, señala en su fallo que el Código Civil establece los supuestos en los que se encuentra prohibido realizar la compensación, entre los cuales señala al crédito inembargable. Así, cita el inciso 3 del artículo 1290 del Código Civil, el cual establece que se prohíbe la compensación del crédito inembargable. Sobre el particular, la Suprema refiere que "el crédito inembargable tampoco resulta susceptible de compensar. Si bien se puede llegar a esta premisa mediante un razonamiento lógico - jurídico, es conveniente su inclusión expresa en la norma, debido al delicado carácter intangible del crédito inembargable, cuya protección por el Derecho debe ser prioritaria en relación a otros derechos patrimoniales".

Por su parte, refiere que artículo 648 del Código Procesal Civil señala cuáles son los bienes que califican como inembargables, destacando particularmente, las remuneraciones que no excedan las cinco unidades de referencia procesal, siendo el exceso embargable hasta un tercio (inciso 6).

"En ese sentido, estando a que el artículo 1290 numeral 3 del Código Civil (que prohíbe la compensación del crédito inembargable) y el artículo 648 numeral 6 del Código Procesal Civil (que prohíbe embargar remuneraciones cuando no excedan de cinco unidades de referencia procesal), son normas de carácter imperativo, las cláusulas contractuales celebradas por el banco no surten efectos para el presente caso. Y si bien el contrato faculta al banco a cargar en cualquier cuenta los importes que adeudara, esta estipulación encuentra límites en las normas legales citadas, por lo que el banco se encuentra obligado a respetarlas, y como consecuencia de ello, no afectar la cuenta en la que se perciben remuneraciones cuando el depósito no supere las 5 unidades de referencia procesal", aseveró la Corte Suprema.

En otro momento, la Sala Suprema señaló que "en la medida que la remuneración que percibe el trabajador le sirve de sustento no solamente a él sino también a su familia y que tiene naturaleza alimentaria, ha merecido especial protección, a nivel constitución, confiriéndosele la calidad de “irrenunciable”, gozando de un derecho de prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, esto es, tiene primer orden de prioridad en la jerarquía de acreedores del empleador".

Lea la sentencia completa en el siguiente enlace:


Foto: Agencia de Noticias Andina.









viernes, 1 de junio de 2018

Poder Judicial eleva la valla a la fiscalía para el uso de la colaboración eficaz

Acuerdo plenario establece que las declaraciones de delatores deben ser corroboradas antes de que se usen para  solicitar una medida provisional de restricción de la libertad contra los investigados

 
La Sala Penal Nacional (SPN) de la Corte Suprema aprobó por mayoría el Acuerdo Plenario Nro 2-2017, en el que se sube la valla a la fiscalía para que pueda usar el mecanismo de la colaboración eficaz en los pedidos de prisión preventiva.
En buena medida, lo que establece la sala es que las declaraciones de delatores deben ser corroboradas antes de que se usen para solicitar una medida provisional de restricción de la libertad contra los investigados. 
"La sola declaración del colaborador no puede ser utilizada para requerir una medida coercitiva", se lee en el documento, reveló este viernes El Comercio.
"No podrá ser utilizada esa declaración del aspirante a colaboración eficaz, precisamente porque es altamente sospechosa y su idoneidad futura estriba en que el mismo procedimiento de colaboración eficaz sea corroborado".
El acuerdo solo fija límites a la colaboración eficaz, pero no se refiere a los otros elementos que señala el Código Procesal Penal para dictar la prisión preventiva, como la conducta procesal, el riesgo de fuga o la obstrucción a la justicia.
De hecho, ya en la resolución emitida en el 2017 que dispuso la excarcelación del Gobernador Regional del Callao Félix Moreno, investigado por el caso Odebrecht, se traslucía el poco peso que la Sala Penal Nacional le daba a las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Moreno había sido delatado por el empresario israelí Gil Shavit, quien también participó en la trama corrupta con la empresa brasileña por el tramo de la Costa Verde del Callao.
 
"Lo que algunos [jueces] estaban aceptando era el dicho, considerando que era testigo y no era testigo porque participó del delito", explicó una de los vocales supremos que apoyó el Acuerdo Plenario Nro 2-2017.
 
El acuerdo también establece que todos los elementos o pruebas que se recaben o se generen dentro del proceso de colaboración eficaz y que se pretendan utilizar para pedir la prisión preventiva de un investigado deben ser traslados a las partes y debatidos antes de tomar una decisión. 
Ambos aspectos, aunque no son de obligatorio cumplimiento para jueces penales, generan incertidumbre y preocupación a la fiscalía, debido a que podrían perder el efecto sorpresa y provocar que el investigado fugue, aunque en la Corte Suprema sostienen que en ese caso se podrá dictar la captura. 
El fiscal Oliver Chávez Sánchez, vocero del equipo Lava Jato del Ministerio Público, dijo que "pronunciamientos como este abren espacios de impunidad y desconocen la doctrina en materia de producción y valoración de los colaboradores eficaces", y subrayó que la ley no exige que la declaración de un colaborador tenga un nivel de precisión o contundencia para recién darle valor.
"Por eso sostengo que es pernicioso el pronunciamiento expresado en el pleno jurisdiccional, pues desconoce los estándares de suficiencia admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, desnaturalizándolos al punto que la institución de la colaboración eficaz se torna en un mecanismo inservible para los fines preventivos y represivos del sistema de justicia".

En el Ministerio Público sostienen que los estándares establecidos por la Suprema para pedir una prisión preventiva con el mecanismo de colaboración eficaz, exigen el mismo grado de corroboración que se necesita para condenar a una persona.
Aunque los lineamientos del acuerdo de la sala suprema no son retroactivos, para el fiscal Chávez sí pueden afectar de forma negativa las investigaciones del caso Odebrecht que están en curso y cuyos involucrados ya cumplen prisión preventiva, como el ex viceministro Jorge Cuba, el ex jefe de Ositrán Juan Carlos Zevallos, o los exfuncionarios Edwin Luyo y Mariella Huerta Minaya, actualmente prófuga de la justicia.
 
 

jueves, 22 de febrero de 2018

La Pertinencia, Utilidad y Conducencia de los Medios de Prueba en el Proceso Penal






El Art. 77° del aún vigente Código de Procedimientos Penales (modificado por el Decreto Legislativo N° 1206), establece que, una vez emitido el Auto Apertura de Instrucción en la correspondiente Audiencia de Presentación de Cargos, el Juez solicitará al representante del Ministerio Público, así como al defensor del imputado y del agraviado, postulen los actos de investigación que acrediten su pretensión, debiendo indicar la necesidad de los mismos. Sólo se ordenarán los actos pertinentes, conducentes y útiles conforme al objeto del proceso.
 
Una redacción similar tiene el numeral 337° del Código Procesal Penal de 2004, encargando al Ministerio Público el rol de la actuación probatoria durante la Investigación Preparatoria.

LA PERTINENCIA es el hecho que se pretende demostrar con la prueba que tenga una relación directa con el hecho investigado. Ejemplos:

Es impertinente la prueba que tiende a demostrar la buena conducta de un sujeto procesal, cuando lo que está tratando de demostrar es la cuantía de un presunto daño patrimonial.

Un ejemplo de ello es tener un tema central de conversación en el cual los comentarios sobre el mismo son bienvenidos, pero al momento de recibir un comentario de tema diferente se convierte en impertinente por no tener relación con lo expuesto anteriormente.

También se puede señalar que la prueba en si misma puede ser pertinente y esto radica en la capacidad que ella tiene para aportar hecho que tienen que ver con el objeto de otras pruebas.

En materia penal puede presentarse que la prueba sea conducente (tiene idoneidad legal para probar el hecho), pero es impertinente por que el hecho que se pretende demostrar no hace parte del objeto señalado en el proceso.
 
LA CONDUCENCIA es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho es asunto de derecho, referente al medio probatorio. Ejemplo:

Se pretende acreditar la venta de un bien inmueble valiéndose de un documento privado, podemos alegar que ese documento no es idóneo legalmente ya que la ley exige celebrarla mediante escritura pública (tuvo como elementos de comparación la ley y el medio probatorio a emplear).

Características de la conducencia:

Idoneidad: capaz para demostrar el hecho.

Legal: obtenida legítimamente.

Eficaz: produce el resultado esperado que es llegar al convencimiento más allá de toda duda.

LA UTILIDAD hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de controversia que aún no se encuentra demostrada con otra.

La función y el fin que debe tener la presentación de una prueba radican en que esta debe prestar un servicio útil al convencimiento del juez, de no tener este propósito el juez debe rechazar de plano tal prueba.

De lo anterior podemos decir que una prueba es inútil cuando sobra, cuando no es idónea no en si misma si no que no presta ningún servicio al proceso pues solo se debe recaudar pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo, aquí se puede señalar que no se puede dar el lujo de recaudar pruebas que sobren, que sean superfluas, redundantes o corroborantes.

Una prueba puede ser conducente y pertinente pero inútil.
 
  
En reciente Resolución, la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, al resolver la apelación contra Resoluciones expedidas por el 20° Juzgado Penal que rechazaban la admisión de medios probatorios ofrecidos por las partes en la Audiencia de Presentación de Cargos, sostuvo que: 
 

"Es del caso precisar que la pertinencia exige que el acto de investigación guarde relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso; la utilidad implica que produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; y la conducencia que tenga idoneidad legal para probar los hechos."


Lea el tenor de la Resolución en el siguiente enlace:





 
 
 
 

viernes, 5 de enero de 2018

Perú pierde US$3.700M anuales por corrupción, según el Poder Judicial

Según el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Perú ha logrado avances importantes a nivel económico en los últimos años, pero los actos de corrupción afectan estos logros.
 
 
 
 
 
El Perú pierde alrededor de US$3.700 millones anuales debido a la corrupción, afirmó el presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, en declaraciones difundidas por la agencia estatal Andina.
 
Las palabras de Rodríguez se dieron en el marco de la apertura del Año Judicial 2018, evento celebrado este miércoles en el salón Manuel Vidaurre del Palacio de Justicia de Lima, donde se reunieron los representantes de todos los poderes del Estado peruano.
 
El presidente del Poder Judicial destacó que "hoy se cuenta con registros para condenados por delitos de corrupción, declaraciones juradas para evitar nepotismo y clientelismo, entre otras medidas que siendo importantes no son suficientes".
 
Rodríguez explicó que la corrupción socava la economía peruana y ahonda la injusticia social, una situación que demanda sanciones ejemplares para este tipo de delitos.
 
Rodríguez explicó que la corrupción socava la economía peruana y ahonda la injusticia social en el Perú.
 
Según el presidente del Poder Judicial, el Perú ha logrado avances importantes a nivel económico en los últimos años, pero los actos de corrupción afectan estos logros, por lo que las autoridades judiciales se encuentran empeñadas en combatir este delito.
 
"Para que estos avances se sostengan en el tiempo es fundamental contar con un sistema sólido de gobierno que mitigue los riesgos de la corrupción", subrayó.
 
De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción de Perú, durante 2017, las autoridades judiciales de este país condenaron a cerca de 1.000 funcionarios de todos los niveles por actos de corrupción cometidos en diversas instancias de poder.
 
Entre los implicados en casos de corrupción destacan los casos de los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente en proceso de extradición de Estados Unidos, y Ollanta Humala (2011-2016), quien cumple prisión preventiva de 18 meses, ambos acusados de presuntos vínculos con el caso de corrupción del consorcio brasileño Odebrecht. 
 
Foto: web

martes, 19 de diciembre de 2017

Presentan demanda de amparo ante el Poder Judicial para paralizar proceso de vacancia a PPK

 Medida busca que el Poder Judicial suspenda del procedimiento iniciado por el Congreso
 
 
 
 


Los abogados Juan Sánchez Chiang y Francisco Dios Chiroque presentaron este lunes una demanda de amparo contra el Congreso con la finalidad de paralizar el proceso de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
 
Los letrados remitieron documento a la Corte Superior de Justicia de Lima.
 
"Vuestro despacho ordene en forma inmediata el cese de la amenaza latente y concreta de nuestros derechos fundamentales expresamente protegidos en el artículo 2° inciso 17° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 37°, inciso 14° del Código Procesal Constitucional",  dice el petitorio

 
 
 
 
Admisión de pedido de vacancia
 
La presidenta de la Comisión de Lava Jato, Rosa Bartra, reveló el miércoles 13 de diciembre que Odebrecht pagó US$ 782,000 a la firma Westfield Capital, empresa creada en 1992 en Estados Unidos por el mandatario Kuczynski.
 
Según la denuncia del grupo investigador, entre 2004 y 2007 la compañía brindó siete consultorías a la constructora brasileña por los proyectos Olmos e IIRSA Norte Tramo 2 y 3. Cuatro de los pagos se realizaron cuando Kuczynski era ministro de Economía, desde febrero de 2004 hasta agosto de 2005, y presidente del Consejo de Ministros, entre agosto de 2005 y julio de 2006.
 
La acusación motivó que el Congreso aprobara el viernes la admisión de una moción en la que se solicita declarar la vacancia del jefe del Estado por "incapacidad moral permanente". El Parlamento informó que el presidente Kuczynski asistirá al pleno el jueves 21 de diciembre a las 09:00 a.m. para ejercer su derecho a la defensa.